La comunidad de usuarios del Poniente almeriense va a regular el uso del agua coordinada con la Consejería de Medio Ambiente, pero van a protagonizar una regulación de sus propios recursos
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| Reunión este jueves de la Mesa del Agua de Almería. |
ALMERÍA HOY / 27·07·2017
La Mesa del Agua de Almería se ha reunido este jueves en la Delegación de la Junta de Andalucía y con la presencia de los consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente, Rodrigo Sánchez y José Fiscal respectivamente. Allí, ALMERÍA HOY ha preguntado por la concesión definitiva para que agricultores del Bajo Andarax —a quienes la Junta cortó el agua durante varios meses— puedan usar agua depurada para riego, una concesión que lleva pendiente desde hace más de 25 años.
«La concesión temporal está ya, como saben, y la definitiva está en trámites, y si se cumplen todos los requisitos, que no tienen por qué incumplirse, se concederá definitivamente, que es lo que todos queremos», ha contestado el titular andaluz de Medio Ambiente, si bien, al preguntarle si existe un plazo concreto, ha respondido que «no», añadiendo poco después que «a medio plazo». «No es una cuestión de años ni muchísimo menos. Depende de que lo que se presente tenga todos los requisitos», ha insistido.
Cabe señalar que durante 26 años, el uso de 15 hectómetros cúbicos anuales de aguas reutilizadas para riego agrícola se ha autorizado por la Junta de Andalucía mediante concesiones temporales, sin que hasta la fecha se haya dado luz verde al expediente de concesión definitiva, cuya tramitación se inició en 1991.
Mesa del Agua y «día histórico»
Sobre la reunión mantenida este jueves, José Fiscal ha hablado de una «jornada de trabajo interesante» en la que se ha escuchado «a los agricultores y desde luego planteando el trabajo conjunto entre los regantes y la Administración andaluza».
«Se ha firmado un acuerdo para lo que hemos considerado un acontecimiento histórico, que aunque suene grandilocuente todos estamos de acuerdo en que es así Estamos hablando de la comunidad de usuarios del Poniente almeriense, que va a regular el uso del agua coordinada con la Consejería de Medio Ambiente, pero van a protagonizar una regulación de sus propios recursos, como establece la Ley de Aguas de Andalucía, y con un horizonte temporal a 2027. Se van a adoptar una serie de medidas que concluirán en la utilización de 77 hectómetros cúbicos de agua, que es lo que necesita esta zona de la provincia para garantizar sus necesidades, lo que redundará en una serie de obras y en el cierre de pozos, y en la estabilidad del acuífero», ha manifestado, aclarando que «esto se va a extender al resto de comunidades de regantes».
Sobre Pacto Nacional del Agua, Fiscal ha apuntado que «Almería tenga un capítulo particular teniendo en cuenta sus condiciones y particularidades, con escasa pluviometría pero con gran importancia de la agricultura».
Por su parte, el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, ha expuesto que «es fundamental para nuestra provincia una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos». «El sector agrícola almeriense es el 20% de la producción andaluza, y representa el 40% del PIB de la provincia, y para ello sólo usan el 5% del agua», ha recordado. Por último, ha indicado «la necesidad de establecer una normativa nacional sobre el uso de agua desalada, fundamentalmente para que el precio del agua que pagan nuestros agricultores sea el adecuado, con un precio justo del agua desalada y sin agravios comparativos con otras comunidades autónomas».
«La concesión temporal está ya, como saben, y la definitiva está en trámites, y si se cumplen todos los requisitos, que no tienen por qué incumplirse, se concederá definitivamente, que es lo que todos queremos», ha contestado el titular andaluz de Medio Ambiente, si bien, al preguntarle si existe un plazo concreto, ha respondido que «no», añadiendo poco después que «a medio plazo». «No es una cuestión de años ni muchísimo menos. Depende de que lo que se presente tenga todos los requisitos», ha insistido.
Cabe señalar que durante 26 años, el uso de 15 hectómetros cúbicos anuales de aguas reutilizadas para riego agrícola se ha autorizado por la Junta de Andalucía mediante concesiones temporales, sin que hasta la fecha se haya dado luz verde al expediente de concesión definitiva, cuya tramitación se inició en 1991.
Mesa del Agua y «día histórico»
Sobre la reunión mantenida este jueves, José Fiscal ha hablado de una «jornada de trabajo interesante» en la que se ha escuchado «a los agricultores y desde luego planteando el trabajo conjunto entre los regantes y la Administración andaluza».
«Se ha firmado un acuerdo para lo que hemos considerado un acontecimiento histórico, que aunque suene grandilocuente todos estamos de acuerdo en que es así Estamos hablando de la comunidad de usuarios del Poniente almeriense, que va a regular el uso del agua coordinada con la Consejería de Medio Ambiente, pero van a protagonizar una regulación de sus propios recursos, como establece la Ley de Aguas de Andalucía, y con un horizonte temporal a 2027. Se van a adoptar una serie de medidas que concluirán en la utilización de 77 hectómetros cúbicos de agua, que es lo que necesita esta zona de la provincia para garantizar sus necesidades, lo que redundará en una serie de obras y en el cierre de pozos, y en la estabilidad del acuífero», ha manifestado, aclarando que «esto se va a extender al resto de comunidades de regantes».
Sobre Pacto Nacional del Agua, Fiscal ha apuntado que «Almería tenga un capítulo particular teniendo en cuenta sus condiciones y particularidades, con escasa pluviometría pero con gran importancia de la agricultura».
Por su parte, el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, ha expuesto que «es fundamental para nuestra provincia una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos». «El sector agrícola almeriense es el 20% de la producción andaluza, y representa el 40% del PIB de la provincia, y para ello sólo usan el 5% del agua», ha recordado. Por último, ha indicado «la necesidad de establecer una normativa nacional sobre el uso de agua desalada, fundamentalmente para que el precio del agua que pagan nuestros agricultores sea el adecuado, con un precio justo del agua desalada y sin agravios comparativos con otras comunidades autónomas».
