El centenar de casas, ubicadas en el paraje 'El Romeral-La Aljambra', en la localidad de Albox, se levantaron entre los años 2004 y 2006
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| Imagen de archivo del derribo, en 2014, de una casa de británicos que vivían en Cantoria. |
EUROPA PRESS / 29·06·2017
Un juzgado de Almería acoge este jueves la vista oral contra dos hermanos empresarios acusados de promover, sobre suelo no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras, un residencial de 98 viviendas unifamiliares compradas por ciudadanos británicos y para las que la Fiscalía pide la demolición.
El Ministerio Público interesa que los acusados, responsables de las empresas que promovieron y construyeron el citado residencial, indemnicen a los adquirientes de los inmuebles en la «cuantía pagada y gastos ocasionados por la compra» y que se hagan cargo del coste del derribo, que cuantifica en 688.666,95 euros.
Las 98 viviendas, ubicadas en el paraje 'El Romeral-La Aljambra', se levantaron entre los años 2004 y 2006 y, según indica el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, «no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox».
El relato de hechos recoge que J.F.A.H., gerente de la promotora Proyecto y Construcciones Almanzora SL y de las constructoras Procoal Villas SL y Empire Villas SL, y su hermano D.L.A.H., arquitecto de profesión y técnico director, llevaron a cabo la edificación de 98 viviendas en «terreno clasificado como suelo no urbanizable» y sin licencia municipal.
Señala que el primero de ellos, a través de las anteriores mercantiles, celebró, asimismo, contratos de compraventa de las referidas viviendas no autorizables con terceras personas, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la comarca del Almanzora.
La Fiscalía, en su escrito de fecha 1 de septiembre de 2014, reprocha también a J.F.A.H. que, pese a que tenía «conocimiento» de que pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004, hiciese presuntamente «caso omiso» y no sólo continuase la obra «ya iniciada, sino que además construyó nuevas en las mismas parcelas».
Supuesto falseo del precio
El principal acusado se enfrenta también a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública ya que, con el objetivo supuesto de «evadir el pago de los correspondientes impuestos», hacía constar en las escrituras de venta «un precio muy inferior al realmente abonado por los compradores».
De esta manera, según apunta el Ministerio Público, en la anualidad 2005 del IRPF «dejó indebidamente de ingresar al erario público 194.108,41 euros», mientras que la cuantía en 2004 por este mismo concepto fue de 156.554,17 euros.
En la vista oral, el fiscal va a interesar para J.F.A.H. penas que suman seis años y nueve meses de cárcel como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de desobediencia, y dos contra la Hacienda Pública mientras que para D.L.A.H. va a pedir dos años de cárcel por el primero de los delitos.
Al margen de las penas de prisión, para ambos solicita el pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por periodo de dos años.
El promotor y constructor del residencia se enfrenta, asimismo, por los delitos fiscales a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 4 años, tal y como interesa el Ministerio Público.
En el marco de esta causa, el Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa impuso al Ayuntamiento de Albox una fianza civil de más de 3,1 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que se derivasen aunque en una resolución posterior revocó esta decisión.
El auto se avino a las alegaciones del Consistorio y dejó sin efecto la medida al estimar en segunda instancia que, en los hechos investigados, no consta intervención «alguna» del Ayuntamiento o de «funcionario o empleado público a su servicio» que justifique la responsabilidad directa o subsidiaria que sí apreció en el auto de apertura de juicio oral dictado en noviembre de 2014.
La resolución anulada parcialmente señalaba como responsables civiles al Consistorio albojense y a las empresas 'Proyecto y Construcciones Almanzora S.L.', Procoal Villas S.L., y Empire Villas S.L. mientras que para los acusados interesó fianzas de 3,8 y 3,1 millones, respectivamente.
El Ministerio Público interesa que los acusados, responsables de las empresas que promovieron y construyeron el citado residencial, indemnicen a los adquirientes de los inmuebles en la «cuantía pagada y gastos ocasionados por la compra» y que se hagan cargo del coste del derribo, que cuantifica en 688.666,95 euros.
Las 98 viviendas, ubicadas en el paraje 'El Romeral-La Aljambra', se levantaron entre los años 2004 y 2006 y, según indica el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, «no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox».
El relato de hechos recoge que J.F.A.H., gerente de la promotora Proyecto y Construcciones Almanzora SL y de las constructoras Procoal Villas SL y Empire Villas SL, y su hermano D.L.A.H., arquitecto de profesión y técnico director, llevaron a cabo la edificación de 98 viviendas en «terreno clasificado como suelo no urbanizable» y sin licencia municipal.
Señala que el primero de ellos, a través de las anteriores mercantiles, celebró, asimismo, contratos de compraventa de las referidas viviendas no autorizables con terceras personas, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la comarca del Almanzora.
La Fiscalía, en su escrito de fecha 1 de septiembre de 2014, reprocha también a J.F.A.H. que, pese a que tenía «conocimiento» de que pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004, hiciese presuntamente «caso omiso» y no sólo continuase la obra «ya iniciada, sino que además construyó nuevas en las mismas parcelas».
Supuesto falseo del precio
El principal acusado se enfrenta también a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública ya que, con el objetivo supuesto de «evadir el pago de los correspondientes impuestos», hacía constar en las escrituras de venta «un precio muy inferior al realmente abonado por los compradores».
De esta manera, según apunta el Ministerio Público, en la anualidad 2005 del IRPF «dejó indebidamente de ingresar al erario público 194.108,41 euros», mientras que la cuantía en 2004 por este mismo concepto fue de 156.554,17 euros.
En la vista oral, el fiscal va a interesar para J.F.A.H. penas que suman seis años y nueve meses de cárcel como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de desobediencia, y dos contra la Hacienda Pública mientras que para D.L.A.H. va a pedir dos años de cárcel por el primero de los delitos.
Al margen de las penas de prisión, para ambos solicita el pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por periodo de dos años.
El promotor y constructor del residencia se enfrenta, asimismo, por los delitos fiscales a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 4 años, tal y como interesa el Ministerio Público.
En el marco de esta causa, el Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa impuso al Ayuntamiento de Albox una fianza civil de más de 3,1 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que se derivasen aunque en una resolución posterior revocó esta decisión.
El auto se avino a las alegaciones del Consistorio y dejó sin efecto la medida al estimar en segunda instancia que, en los hechos investigados, no consta intervención «alguna» del Ayuntamiento o de «funcionario o empleado público a su servicio» que justifique la responsabilidad directa o subsidiaria que sí apreció en el auto de apertura de juicio oral dictado en noviembre de 2014.
La resolución anulada parcialmente señalaba como responsables civiles al Consistorio albojense y a las empresas 'Proyecto y Construcciones Almanzora S.L.', Procoal Villas S.L., y Empire Villas S.L. mientras que para los acusados interesó fianzas de 3,8 y 3,1 millones, respectivamente.
