El alcalde asegura que el Consistorio «no tiene culpa» y propone llegar a un entendimiento con la pareja afectada por el derribo de su vivienda
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| Félix López, alcalde de Vera (centro), durante la celebración de un pleno. |
EUROPA PRESS / 26·04·2016
El Ayuntamiento de Vera ha acordado interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que le condena a indemnizar al matrimonio británico jubilado formado por Leonard y Helen Prior con 425.185,43 por la demolición, en enero de 2008, de su vivienda unifamiliar que construyeron con licencia municipal de obras concedida por el Consistorio y que años después fue declarada ilegal.
Así lo ha confirmado el alcalde, Félix López, quien ha indicado que el equipo de gobierno está obligado a «defender los intereses» del municipio, «siempre», según ha subrayado, «desde la profunda convicción de que nosotros, en este caso, no tenemos culpabilidad ninguna».
López, que ha indicado que la decisión se va a ratificar en la tarde de este martes en junta de gobierno, ha apuntado, no obstante, que en el transcurso de esa reunión, va a proponer que, al margen de la interposición del recurso, «se abran vías amistosas entre las partes para llegar a un entendimiento».
En este sentido, el primer edil ha señalado que «nos asiste el derecho a ejercer la impugnación pero yo propondré hablar con las partes para intentar encontrar una solución. Sin perjuicio de que entendemos la situación que pasan los Prior, quiero tener una acercamiento con sus representantes y abrir vías de comunicación».
El Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo 3 de Almería rechaza en su fallo que existiera «dolo o culpa grave» en la conducta de Leonard y Helen Prior, quienes edificaron su casa «con un título que les habilitaba para ello» y que, «desde un primer momento, presentaron un proyecto destinado a vivienda unifamiliar».
La sentencia estima parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial del matrimonio, que, inicialmente, reclamaba por los daños los materiales un total de 602.083 euros mientras que por los daños morales interesaba 200.000 euros.
Cabe recordar que ambos, de 72 años, continúan teniendo domicilio en Vera y residen en un garaje desde que el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC), las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía redujeron a escombros su casa.
La magistrada Ana Fariñas ha remarcado que la responsabilidad en este caso es del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le ha reprochado al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento y que, además, no examinase «como le correspondía» si el proyecto presentado para vivienda unifamiliar era conforme a las normas urbanísticas.
Así lo ha confirmado el alcalde, Félix López, quien ha indicado que el equipo de gobierno está obligado a «defender los intereses» del municipio, «siempre», según ha subrayado, «desde la profunda convicción de que nosotros, en este caso, no tenemos culpabilidad ninguna».
López, que ha indicado que la decisión se va a ratificar en la tarde de este martes en junta de gobierno, ha apuntado, no obstante, que en el transcurso de esa reunión, va a proponer que, al margen de la interposición del recurso, «se abran vías amistosas entre las partes para llegar a un entendimiento».
En este sentido, el primer edil ha señalado que «nos asiste el derecho a ejercer la impugnación pero yo propondré hablar con las partes para intentar encontrar una solución. Sin perjuicio de que entendemos la situación que pasan los Prior, quiero tener una acercamiento con sus representantes y abrir vías de comunicación».
El Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo 3 de Almería rechaza en su fallo que existiera «dolo o culpa grave» en la conducta de Leonard y Helen Prior, quienes edificaron su casa «con un título que les habilitaba para ello» y que, «desde un primer momento, presentaron un proyecto destinado a vivienda unifamiliar».
La sentencia estima parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial del matrimonio, que, inicialmente, reclamaba por los daños los materiales un total de 602.083 euros mientras que por los daños morales interesaba 200.000 euros.
Cabe recordar que ambos, de 72 años, continúan teniendo domicilio en Vera y residen en un garaje desde que el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC), las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía redujeron a escombros su casa.
La magistrada Ana Fariñas ha remarcado que la responsabilidad en este caso es del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le ha reprochado al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento y que, además, no examinase «como le correspondía» si el proyecto presentado para vivienda unifamiliar era conforme a las normas urbanísticas.
