El Gobierno andaluz reacciona ante la evolución de la causa judicial por la que al socialista Ortiz Bono se le imputa un presunto delito de prevaricación
EUROPA PRESS / 22·04·2015
La Junta de Andalucía ha abierto dos expedientes sancionadores a la empresa que promovió el cambio de uso de suelo en el municipio de Tabernas por el que han sido imputados tanto el delegado territorial de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono (PSOE), como dos jefes de servicio de este departamento, tras detectar que la entidad estaría cultivando en regadío cuando obtuvo permiso para olivar en secano.
Uno de los expedientes a Gespater SLU, el que se encuentra más avanzado en su tramitación al encontrarse en fase de alegaciones, responde a una infracción a la normativa forestal y se inició a raíz de la denuncia de agentes de Medio Ambiente que apreciaron un supuesto incumplimiento a la resolución que autorizó este cambio de uso de suelo.
En concreto, la infracción que se imputa a la mercantil afecta a la autorización que se le dio para un total de 214 hectáreas de cultivo de olivar en secano, y la sanción que contempla la normativa comprende multas que oscilan entre los 6.010,13 a 60.101,21 euros.
El segundo de los expedientes, cuya incoación se ha notificado a Gespater, investiga una posible infracción a la norma de aguas. Las mismas fuentes han precisado que se habrían extraído aguas subterráneas de cinco sondeos «sin autorización administrativa», lo que es sancionable con una multa que oscila entre los 6.010,13 euros y los 300.506,61 euros, así como la obligación de inutilizar los pozos denunciados y la de indemnizar por daños causados al Dominio Público Hidráulico.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha imputado a Ortiz Bono y a dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural después de que la Fiscalía apreciase «irregularidades y omisiones» en la tramitación del cambio de uso de forestal a agrícola de este paraje y pidiese la apertura de diligencias previas para dirimir si se produjo un presunto delito de prevaricación.
Uno de los expedientes a Gespater SLU, el que se encuentra más avanzado en su tramitación al encontrarse en fase de alegaciones, responde a una infracción a la normativa forestal y se inició a raíz de la denuncia de agentes de Medio Ambiente que apreciaron un supuesto incumplimiento a la resolución que autorizó este cambio de uso de suelo.
En concreto, la infracción que se imputa a la mercantil afecta a la autorización que se le dio para un total de 214 hectáreas de cultivo de olivar en secano, y la sanción que contempla la normativa comprende multas que oscilan entre los 6.010,13 a 60.101,21 euros.
El segundo de los expedientes, cuya incoación se ha notificado a Gespater, investiga una posible infracción a la norma de aguas. Las mismas fuentes han precisado que se habrían extraído aguas subterráneas de cinco sondeos «sin autorización administrativa», lo que es sancionable con una multa que oscila entre los 6.010,13 euros y los 300.506,61 euros, así como la obligación de inutilizar los pozos denunciados y la de indemnizar por daños causados al Dominio Público Hidráulico.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha imputado a Ortiz Bono y a dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural después de que la Fiscalía apreciase «irregularidades y omisiones» en la tramitación del cambio de uso de forestal a agrícola de este paraje y pidiese la apertura de diligencias previas para dirimir si se produjo un presunto delito de prevaricación.
